-Obligan a un grupo de exfuncionarios del Idefey a devolver 730 mil pesos para reparar el daño patrimonial y evitar ir a la cárcel
-Se comprueba que hubo corrupción en la administración de Rolando Zapata Bello
Mérida, Yucatán, 9 de noviembre de 2019.- Un grupo de exfuncionarios del anterior gobierno estatal, que encabezó Rolando Zapata Bello, fue obligado a devolver 730 mil pesos que había robado del erario para evitar ir a la cárcel y resarcir de esta manera el daño patrimonial causado a los yucatecos.
Los acusados del daño patrimonial, encabezados por Víctor Castillo Espinosa, exdirector del Instituto para el Desarrollo y Certificación de Infraestructura Física Educativa de Yucatán (Idefey), fueron denunciados al inicio de la gestión del gobernador Mauricio Vila Dosal por faltantes, presuntos desvíos y otras anomalías en el ejercicio de sus funciones.
A raíz de esta denuncia, se realizaron las investigaciones y se iniciaron las audiencias en el Centro de Justicia Oral de Mérida. De acuerdo a como establece la ley, se les advirtió que de no devolver lo robado terminarían en la cárcel. Los acusados optaron por llegar a un acuerdo reparatorio y depositaron a la cuenta del Idefey los 730 mil pesos.
Es así como el Gobierno de Vila Dosal, de mano con la ley, va recuperando los desvíos ocasionado por el mal desempeño de los funcionarios de la anterior administración. Hay otros casos que fueron denunciados al principio de la administración y cuyas investigaciones y audiencias van siguiendo su curso legal.
Como se recuerda, en enero de este año la titular de la Contraloría General del Estado, Lizbeth Basto Avilés, presentó 31 denuncias por presuntas irregularidades financieras del gobierno que presidió el priista Rolando Zapata Bello, halladas en el proceso entrega-recepción, por un monto superior a los 533 millones de pesos.
Estas denuncias de presentaron ante la, en ese entonces, Vicefiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y la Auditoría Superior del Estado de Yucatán, organismos fiscalizadores encargados de hacer cumplir la Ley.
También hay que recordar que el Gobernador Vila Dosal, a fin de dotar de autonomía suficiente a las instituciones que trabajan para combatir la corrupción en el estado, envío en marzo pasado una iniciativa al Congreso del Estado mediante la cual esa Vicefiscalía se eleva a Fiscalía, la cual fue aprobada el pasado mes de octubre.
Con respecto a las denuncias presentadas en enero, hay unas de índole penal y otras de responsabilidades administrativas. Las primeras serán analizadas y estudiadas por la ahora Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, y las segundas por la Auditoría Superior del Estado de Yucatán.