-Los agentes de “Huacho” Díaz siguen engañando a los jubilados y pensionados y ahora pretenden hacer negocio con supuestos amparos “a cambio de un porcentaje”
-Los “líderes” de la manifestación los engatusan para tomar los servicios de sólo dos despachos de abogados que “ellos ya comprobaron no los van a engañar”
Mérida, Yucatán, 12 de noviembre de 2019.- Los agentes de “Huacho” Díaz Mena que se encuentran detrás de las manifestaciones de los jubilados del Isstey ya “sacaron el cobre” y ahora pretenden cobrarles 500 pesos por cabeza para que presuntos abogados “de su confianza” les tramiten supuestos amparos.
Bajo el engaño de que ya se les acaba el tiempo, los líderes encabezados por Gustavo Adolfo Ramírez Calderón, un incondicional de “Huacho” que forma parte del grupo de arribistas que llegó a Morena con el delegado federal, los conminaron a contratar los servicios de dos despachos de abogados “de su confianza”, aunque aclararon que si cada uno quiere buscar su propio abogado no tendrán la misma fuerza.
Según dijeron a los jubilados y pensionados que fueron citados frente a Palacio de Gobierno para una nueva manifestación, pero en realidad fue para ofrecer los servicios de sus abogados, los litigantes son expertos en este tipo de casos. Un despacho cobrará, “de entrada”, 500 pesos a cada jubilado para tomar sus casos y luego un porcentaje de lo que ganen. El otro despacho cobrará el 20% de las supuestas ganancias que tendrán. Los líderes los apuraron para tomar una decisión pues alegan que el tiempo se les acaba y podrían perder todo.
Los jubilados y pensionados exigen la devolución de “presunto descuento” que se les hizo, pero que ya se explicó se trata de que dejaron de recibir un apoyo extraordinario que les otorgó de enero a octubre. El gobierno estatal también indica que sus derechos y prestaciones, que marca la Ley, están garantizadas.
A pesar de la aclaración hecha por el gobierno estatal, Ramírez Calderón y otros líderes, tiene la instrucción de “Huacho” Díaz que continuar con sus mentiras y manipulaciones para hacer creer que el gobierno estatal ha privado de sus derechos a los jubilados.