CANCÚN, Quintana Roo.- La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), considera que Quintana Roo es la única entidad del país con presencia de siete cárteles del narcotráfico y donde la sociedad reclama la presencia de la autoridad federal porque la local fue rebasada por la inseguridad.
El presidente de la agrupación en Cancún, Manuel Herbeles Rascón, aseguró que varias publicaciones del país consignan que “Quintana Roo, estado con la industria turística de mayor crecimiento, pasa por una crisis de inseguridad y violencia ocasionada por grupos del crimen organizado”.
Al término del año, el organismo civil Semáforo Delictivo ubicó a la entidad en el quinto lugar nacional en homicidios; undécimo en secuestro, séptimo en extorsión y decimoquinto en robo de autos y con focos rojos en extorsión, narcomenudeo, robo a casa habitación, a negocios, lesiones y violencia familiar.
La mayoría de los ilícitos son perpetrados en los municipios de Benito Juárez (Cancún) y Solidaridad (Playa del Carmen), principales polos turísticos del país, ambos gobernados por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), que encabeza Andrés Manuel López Obrador.
Por si fuera poco, fuentes de ex Policía Federal confiaron en su momento que la ola delictiva que se vive en Quintana Roo es ocasionada por bandas criminales locales, nacionales e internacionales, entre otras las mafias rusa, israelí, rumana y cubana, además de grupos de colombianos y venezolanos, dedicados todos al narcomenudeo, narcotráfico, trata, secuestro, pornografía infantil, ejecuciones y cobro de derecho de piso, entre otros delitos.
El cóctel delictivo de la entidad es muy complejo, porque los propietarios de todos los negocios de la Quinta Avenida, en Playa del Carmen, y los antros de la Zona Hotelera y la avenida Yaxchilán, en Cancún, pagan derecho de piso y/o son obligados a vender drogas. Quienes se resisten son ejecutados, a tal grado que se rebasó la capacidad de los servicios forenses de la Fiscalía General del Estado para almacenar cuerpos.
En 2019 se disparó el índice delictivo y se visibilizó como nunca el feminicidio, así como los delitos de robo a casa-habitación, a transeúnte, de vehículos y los cristalazos no se daban en el Estado. El narcomenudeo está incontrolable.
El entrevistado dijo que el triángulo sociedad-empresarios-autoridades no se debe soltar de la mano y es necesario fomentar la autoprotección, “tener planes desde lo personal, familiar y empresarial para hacer frente a esos flagelos que nos están generando una crisis importante”.
Asimismo, añadió que hay una situación no grata e incierta que han causado inversiones detenidas, pagos muy retrasados y una inestabilidad total entre la población en general, pero “como mexicanos siempre estamos en pie de lucha y sacrificio, aunque siempre estemos en el ya merito”.
Herbeles reconoció que los gastos en seguridad se han incrementado entre 15 y 20 por ciento entre empresarios y población en general, “todos parejo”, sostuvo, debido a que hay una “gran necesidad de sentirse protegidos con sistemas tecnológicos en casa y los negocios”.
Dijo que el empresariado ha invertido en el tema de seguridad, sobre todo en cámaras de vigilancia, guardias de seguridad, sensores, patrullajes, seguridad canina porque, lamentó, si no es de esa manera difícilmente vamos a esperar a que alguien más o el gobierno nos resuelva la problemática porque, además, la presencia de la Guardia Nacional es nula”.
En tanto, el representante de Ángel Ciudadano en Quintana Roo, Hernán Cordero Galindo, afirmó que el aumento de la inseguridad se estuvo fermentando desde hace tres sexenios, los de los gobernantes priistas Roberto Borge Angulo, Félix Arturo González Canto y Joaquín Ernesto Hendricks Díaz, “quienes no hicieron nada por contenerla”.
Añadió que “contaron con la complicidad de empresarios sin escrúpulos que, por lacayismo y comodidad se prestaron a decir que las cosas iban mejorando. “Hace años se veía venir el problema porque las autoridades no trabajaron para garantizar el estado de derecho, no hubo ni hay control sobre el Ministerio Público; tampoco certificación de cárceles ni de impartidores de justicia. Hay 99 por ciento de impunidad en los procesos legales”.
