-Define lineamientos al momento de realizar operativos, detenciones y contenciones
Mérida, Yucatán, 25 de septiembre de 2020.- El diputado panista Manuel Díaz Suárez presentó una iniciativa para definir los protocolos de actuación de las instituciones de seguridad pública al momento de realizar operativos, detenciones, contenciones y otros procedimientos, a través de un Proyecto de Decreto para reformar la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública.
“Esta iniciativa de reforma de ley atiende a una visión de estado garantista con el objetivo de hacer frente a las detenciones conforme a la ley, ayudar a elevar los estándares y poder ejercer el uso de la fuerza de manera correcta (en caso de ser necesario)”, expresó el legislador.
Díaz Suárez explicó que en 2019 fue emitida la Ley Nacional del Uso de la Fuerza y que a partir de allí 26 estados ya han legislado al respecto.
El también médico detalló que la iniciativa habla de conceptos muy importantes como la capacitación de los elementos, la coordinación entre las instituciones, el respeto irrestricto a los derechos humanos de las personas, aun cuando hayan sido señalados o hayan cometido un delito, ya que también tienen derechos que deben ser observados por los elementos de la seguridad pública.
“Que los policías puedan grabar cuando estén en el ejercicio de sus funciones y, también, la creación de un catálogo de niveles de uso de fuerza, desde el nivel más leve que es la presencia de la policía, por ejemplo, observando en una manifestación para garantizar la paz pública, hasta el uso intenso de la fuerza cuando su vida se vea amenazada por un delincuente o en el caso de una situación de rehenes”, puntualizó.
También menciona el concepto de gradualidad y proporcionalidad, “es decir, el uso de la fuerza que va a utilizar el estado para intervenir y limitar cualquier delito o alteración a la paz pública, tiene que ser gradual y proporcional al daño que se esté generando”.
“Considero que este tema es muy importante porque estoy seguro que aquí en Yucatán conforme pase el tiempo, la gente se va a volver cada vez más violenta. Aunque nos hemos caracterizado por ser un estado pacífico sabemos que el crecimiento y el desarrollo de cualquier comunidad va incluyendo sociedades más violentas, más agresivas y más conflictivas, eso es algo normal. Además, hay muchos elementos que nos impulsan hacia allá”, sentenció.
Como ejemplo dijo que si bien en Yucatán las manifestaciones no son tan comunes como en el centro del país, “no dudo que en pocos meses o años vayan a ser muy frecuentes, y por lo tanto creo que es momento para que le demos certeza y garantía a los elementos de seguridad a fin de que puedan cumplir su trabajo, sin que esto se interprete como que estamos solapando a los elementos para violar los derechos de los ciudadanos y también que le demos las garantías a los ciudadanos de que se les van a respetar los derechos humanos, sin que se interprete que vamos a abonar a la impunidad de aquel que comete un delito”.
La reforma de ley “no sólo protege a los ciudadanos, sino que ayuda a los cuerpos policiales a tener más herramientas en contra de estos crímenes ya que al fin y al cabo ellos también son ciudadanos del Estado de Yucatán”.
Señaló que cada quien ha observado esta iniciativa desde su perspectiva, “los que son muy defensores de los derechos humanos opinan que esta iniciativa es para proteger a los elementos y, por otro lado, los elementos, el estado y algunos estadistas dicen que podría impulsar la impunidad de aquellos que son delincuentes”.
“Esperemos que esto se observe con el justo equilibrio; se busca certeza y garantías para que los procedimientos se lleven a cabo conforme a derecho y que tanto el policía tenga elementos para decir que actuó conforme al protocolo, como el delincuente pueda reclamar que sus derechos humanos no fueron respetados”, concluyó.
