En sesión ordinaria, la Cámara de Diputados avaló ajustes críticos al régimen de remuneraciones y funcionamiento de los organismos electorales mediante reformas constitucionales. Con el respaldo de 343 votos a favor, se ratificó la iniciativa para eliminar prestaciones extraordinarias financiadas con recursos públicos. El documento fue turnado a los congresos locales para su validación, cumpliendo con el procedimiento federalista de reforma a la Carta Magna.
La reforma al artículo 134 es categórica al prohibir la contratación de seguros de gastos médicos, de vida o pensiones privadas para la alta burocracia electoral. Se establece que las remuneraciones de consejeros, magistrados y titulares de áreas técnicas deben ajustarse al artículo 127 constitucional. Esta medida pone fin a las cajas de ahorro especiales y seguros de separación individualizados que no estén previstos por la ley o contratos colectivos.
Paralelamente, el artículo 116 obligará a las legislaturas locales a ajustar sus presupuestos para que no superen el 0.70 por ciento del gasto total de la entidad. La implementación de este límite será gradual, permitiendo que los congresos estatales reorganicen su administración sin afectar sus facultades sustantivas. Además, se deberá integrar la paridad de género como un principio rector en su estructura interna y toma de decisiones.
En el ámbito municipal, el artículo 115 limita a quince el número de regidurías, buscando una administración local más ágil y eficiente. La integración de estos cuerpos colegiados deberá respetar la paridad horizontal y vertical en el acceso al poder. Con esta reforma, se busca que el nivel de gobierno más cercano a la ciudadanía opere bajo principios de transparencia y ahorro, eliminando el exceso de cargos burocráticos.
El dictamen aprobado prevé que los ahorros generados se reasignen a programas de interés social, maximizando el impacto de cada peso del erario. A pesar de las reservas presentadas por diversas bancadas durante la discusión en lo particular, el dictamen se mantuvo sin cambios y fue remitido para sus efectos legales. La Cámara de Diputados concluyó que estas medidas son fundamentales para reducir privilegios en el ejercicio del poder público
