Un conflicto jurídico ha estallado entre el Ayuntamiento de Mérida y la empresa Servicios Ambientales Urbanos (SAU) por la operación de su planta. El caso ha escalado tras la aprobación de un procedimiento que pone en duda la permanencia de la concesión para procesar residuos inorgánicos.
Por su parte, el director de la empresa, Ramón Ugalde, señaló que el proceso iniciado el 17 de abril ocurre mientras el Ayuntamiento ha dejado de cubrir los pagos por el servicio. El directivo detalló que este acto administrativo pretende revocar la concesión de una infraestructura que es única en su tipo.
La autoridad municipal pretende valorar si las instalaciones y la capacidad operativa de SAU son suficientes para cumplir con el contrato original. Este análisis se produce después de que la empresa fuera inspeccionada y entregara toda la información requerida en tiempo y forma a los visitadores oficiales.
Ugalde cuestionó la objetividad del proceso, señalando que la Comisión Especial de revocación excluyó a representantes de diversos partidos políticos. Esta falta de integración total en el organismo de decisión ha generado dudas razonables sobre la transparencia del procedimiento administrativo en curso.
La empresa ha hecho pública una invitación a la ciudadanía y al sector empresarial para vigilar que se respete la legalidad en todo momento. Para la firma yucateca, es vital que se mantenga la certeza jurídica que hasta hoy ha protegido a toda la inversión privada en la ciudad.
A pesar de los 35 años de experiencia y el cumplimiento de todas las normas ambientales, SAU se encuentra en desacuerdo con los argumentos oficiales. Los directivos consideran que los elementos presentados por el Ayuntamiento para fundamentar la revocación no son compartidos por la realidad de la empresa.
El dato más revelador es que, pese a que el Ayuntamiento ha dejado de cubrir obligaciones contractuales, SAU no ha dejado de cumplir con las suyas. La empresa asegura que continuará operando e invirtiendo, convencida de que Mérida puede y debe ser ejemplo nacional de separación y aprovechamiento.
