El control de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE se ha convertido en el centro de una batalla legal que podría dejar acéfala a esta oficina en el corto plazo. Tres consejeros electorales han cuestionado frontalmente la decisión de la presidenta del instituto de imponer un perfil que, a su juicio, no reúne las credenciales necesarias para vigilar los recursos de la nación en manos de los partidos.
Información compartida por La Silla Rota detalla que los consejeros Martín Faz, Carla Humphrey y Arturo Castillo han presentado una demanda para revocar el nombramiento de Mario Alberto Alejo García. Según los demandantes, la designación es violatoria de la normativa electoral y de los principios constitucionales de certeza y legalidad que deben regir al organismo.
La designación se dio a través de un oficio el 22 de abril, pero fue hasta ahora que el conflicto estalló formalmente en el Tribunal Electoral. Los consejeros sostienen que el procedimiento vulnera la correcta integración de las áreas técnicas, las cuales deben estar compuestas por personal altamente especializado y con procesos de ingreso transparentes.
El caso es particularmente delicado debido al contexto actual de recortes y reestructuraciones en el INE. Recientemente se ha discutido la necesidad de ajustar sueldos, bonos y seguros de los altos funcionarios, lo que ha generado un ambiente de hostilidad en el que cada nombramiento es visto con desconfianza por los distintos grupos de interés.
Para los observadores políticos, el nombramiento de Alejo García forma parte de un reacomodo estratégico para controlar las áreas operativas clave. La pregunta que flota en el aire es qué tan colegiado sigue siendo el INE cuando las decisiones más importantes parecen tomarse desde la oficina de la presidencia sin el aval del pleno del Consejo.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene ahora la responsabilidad de revisar si Guadalupe Taddei cumplió con todas las formalidades legales. Mientras tanto, la incertidumbre reina en la Unidad de Fiscalización, una oficina que no puede permitirse debilidades institucionales ante la fiscalización de los procesos electorales de 2026.
